ACERCA DE LA ELIMINACIÓN DEL CONTROL DE
LEGALIDAD DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO
El
control de legalidad se ha suprimido en el Proyecto de Unificación del Código
Civil y Comercial, dejando sin marco al ahora denominado Registro Público. Al respecto cabe recordar
que la ley 22.280 estableció que las funciones registrales atribuidas por la
legislación comercial al Registro Publico de Comercio, Registros, Jueces de
registro, tribunal de comercio, o autoridad registral quedan a cargo de los
organismos judiciales o administrativos que en cada jurisdicción determinen las
leyes locales. La
aplicación de la ley comercial es materia provincial por mandato constitucional
por lo que cada provincia es competente para crear y regular su Registro
Público de Comercio.
No
es ocioso recordar la importancia del Registro Publico de Comercio y del
control de legalidad que se debe efectuar, el cual es una función indelegable
del Estado. Tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en otorgar este
control al encargado del Registro Público de Comercio, lo que trae como
consecuencia la presunción iris tantum de legalidad y de exactitud de los actos
inscriptos. Es razonable sostener la necesidad del ejercicio del control previo
sobre los actos y documentos objeto de registración, más aún cuando ya existen
antecedentes en el Registro.
De
sancionarse el proyecto tal como lo conocemos, el Registro Publico (a cargo de la IGJ) se
convertiría en un archivo de documentos donde los terceros consulten sin
ninguna garantía de legalidad. El registrador se limitaría a recibir el
documento, inscribirlo. Sobran ejemplos para considerar inaceptable la exclusión del
control de legalidad, restringiendo las facultades del Registro Público de
Comercio. Así se inscribiría sociedades que no cumplan con los requisitos
legales, sociedades infracapitalizadas, actos donde no se han respetado los
derechos de los socios, entre otros ejemplos, trasladándose a los terceros un
rol de control que debe ejercer el Estado, evitando los conflictos y los actos
contrarios a la ley.
Con
la redacción actual del proyecto se minimiza la trascendencia del Registro
Mercantil, bastando solo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, modificar la
ley Orgánica de la Inspección General de Justicia transformando al Organismo en
un mero banco de datos informatizado casi sin personal, que sirva tan solo para
brindar informes a los terceros. Así, ningún sentido tendría el tramite
precalificado, en el cual un inspector del Organismo con firma delegada del
Inspector General verifica el cumplimiento del tracto registral, controla
homonimias, entre otros requisitos legales, ordenando, en su caso, la
inscripción correspondiente o se observa hasta que se de efectivo cumplimiento
o bien se rechaza mediante resolución del Inspector General.
Por
ultimo, no creo que se trate de una simple omisión, sino por el contrario se
trata de fijar posición en el sentido de considerar que la inscripción de los
documentos en el Registro tiene efecto de publicidad, por lo que no tendría
sentido el control de legalidad, resolviéndose en sede judicial el conflicto
que se plantee en torno a la validez del acto o documento inscripto. Parecería
olvidarse que la seguridad jurídica en general y los actos vinculados a
sociedades comerciales en particular, aconsejan el control de legalidad en
sentido amplio a cargo del Registrador Mercantil respecto de la constitución de
sociedades y de los documentos cuya inscripción se solicita que permita
prevenir conflictos, corregir deficiencias y evitar futuras nulidades. En
definitiva, de que serviría tener un Registro del que nadie puede dar fe de su
contenido y juzgados repletos de planteos de nulidad de actos y de
inscripciones, en claro detrimento de los derechos de la sociedad toda. Esta
perspectiva resulta engañosa, aparentar inscripciones validas con la
incertidumbre acerca de la existencia de una acción judicial de nulidad.
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